La precariedad
laboral de trabajar en Rappi, Uber o Didi

Arturo trabaja 16 o 17 horas al día. Tiene dos 'autoempleos': uno como conductor de Uber y otro como repartidor de Cornershop. Con ello, apenas suma unos 15,000 pesos al mes, y esto gracias a que lleva más de un año en la aplicación de Uber, lo que le da preferencia frente a personas nuevas para la asignación de pedidos.

Su ritmo de vida es usual al de muchos otros "trabajadores" de estas aplicaciones tecnológicas, que ni siquiera los reconocen como tales (las empresas siempre piden que no se les llame "trabajadores" ni "empleados", sino "socios") y donde apenas tienen prestaciones, ni fondo de ahorro, ni seguro social.

El esquema bajo el que trabajan los "socios repartidores" no se considera trabajo formal en México, aunque sí pagan impuestos (algo que, de momento, no hacen las propias empresas en el país). La Ley Federal del Trabajo define en el artículo 20 que se considera un trabajo formal cuando se establece un contrato individual de trabajo, con una adherencia a prestaciones como seguro social, aguinaldo y vacaciones, y donde se establecen obligaciones y derechos. “No es lo mismo que adherir a los trabajadores a la red del SAT, pues eso sólo significa que están pagando impuestos. O sea, no significa que estén en la formalidad, pues no están dentro del seguro social, además de que no tienen certidumbre en las prestaciones ni en derechos laborales como trabajadores. Es una figura nueva”, precisa Daniel Cerdas Sandí, asesor de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

Este nuevo modo de trabajo que trajeron compañías como Uber, Didi y Rappi le ha dado una opción para ganarse la vida a miles de personas. Euromonitor calcula que tan solo en el rubro de entregas de comida, el valor anual de este mercado en Estados Unidos fue de 34,000 millones de dólares en 2018. Las empresas no comparten cuántos "socios" tienen, pero el colectivo #NiUnRepartidorMenos reúne a 20,000 de distintas apps, y esa debe de ser sólo una fracción de la cifra total. Sin embargo, este 'autoempleo' también se caracteriza por la precariedad laboral, con horarios interminables, ganancias bajas y una ausencia generalizada de derechos para unos trabajadores a los que se considera más o menos como 'freelances'.

Otro caso es el de Eduardo, un estudiante de arquitectura en la UNAM. Trabaja en Rappi de cuatro a seis horas al día en el fin de semana, aunque a veces hace hasta 12 horas de forma continua, por unos 3,000 pesos al mes. Ahora se muestra preocupado por un nuevo esquema de la aplicación, que puntúa mejor a los repartidores que más trabajen. “Mientras más horas acumules, mientras más pedidos hagas y mientras mejor calificación tengas, te dan prioridad de recibir pedidos. Si no cumples con ciertas horas o pedidos, no puedes conectarte en las zonas donde suele haber más pedidos. Y al ser tantos, la competencia se pone cada vez más intensa. Igual por eso ahora trabajo entre Rappi y Uber Eats, pues ya con ambas puedo más o menos compensar, indica.

Bajo la lluvia, con mucho calor o con tráfico intenso, los pedidos se deben entregar en el tiempo estipulado por la plataforma tecnológica, y al precio que define la app. Por ello, estos ‘autoempleados' no se consideran 'freelances' o trabajadores autónomos, pues no tienen capacidad de definir el cobro de su labor.

Daniel es otro veinteañero que trabaja entre Didi Food y Uber Eats. Con la primera empresa acaba de comenzar después de casi un mes en la lista de espera en la Ciudad de México. “Me fui por la opción de Didi porque ya había probado otras plataformas y las ganancias son variables. Ahora sé que, si un fin de semana lo trabajo bien, puedo ganar entre 600 o hasta 1,500 pesos, sobre todo en fines de semana donde hay futbol o alguna celebración. También llevo unos seis meses trabajando en Uber y estoy combinando ambas", comenta. En general, se declara satisfecho, y su "única queja es que hay cambios que luego no se entienden y hay muchos clientes que tampoco entienden la labor que hacemos y los riesgos que corremos. Entonces, terminan no dando propina o exigiendo una atención mayor a la que nos toca”

De acuerdo a la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país reportó en 2019 una tasa récord del 19% de la población en condiciones críticas dentro de su empleo, ya sea porque percibe un bajo salario, tiene jornadas de trabajo excesivas o una combinación de ambos factores. Esto supone 10.2 millones de personas con un empleo precario, un 3.5% más que en 2018 y la cifra más alta desde que existe registro, en 2005.

Los esfuerzos alrededor del tema ya existen. La Unión Europea evaluará en abril una regulación de la llamada gig economy, que incluye a este tipo de aplicaciones, y algunos jueces regionales en España han declarado que estos "socios" son "falsos autónomos", y deben ser considerados empleados de las compañías. El estado de California, en Estados Unidos, y Francia también han marcado antecedentes de la discusión que viven las plataformas de delivery con sus repartidores. En el primer caso, se logró que los socios conductores de Uber y Lyft, plataforma de movilidad similar a Uber, ya tengan la figura laboral de contratista, mientras que en Francia se estableció que las empresas deben reconocer a este tipo de colaboradores como sus trabajadores.

Sin embargo, otros países han decidido lo contrario. La Suprema Corte del Trabajo en Brasil determinó que no existe una relación laboral entre Uber y socios conductores. De acuerdo con el ministro Breno Medeiros, la autonomía y flexibilidad con la que cuentan los socios conductores que utilizan la plataforma de Uber para generar ganancias son incompatibles con una relación de empleo, dado que ellos pueden elegir conducir dónde y cuándo ellos prefieran.

¿Y en México? Una opción "es lo que sucedió con las trabajadoras del hogar", dice Saúl Gómez, representante del colectivo #NiUnRepartidorMenos, que busca que las tecnológicas den el reconocimiento de empleados a sus "socios" y, por tanto, que se aplique un contrato con prestaciones y derechos laborales. "Pero nosotros no aparecemos en la Ley del Trabajo, no somos empleados. Sin embargo, tenemos una ventaja: aparecemos en la ley tributaria, y como la mayoría está tributando y tenemos sistema bancario, eso nos facilita a entrar al seguro social. Ahora, lo que buscamos es un sistema tripartita, pues necesitamos tener derechos laborales”, añade.

El sistema tripartita basa la afiliación al IMSS en un apoyo conjunto del empleador (en este caso, las apps), el gobierno y otra porción de parte del trabajador. Hasta este momento, ninguna de las marcas tiene un esquema claro de prestaciones o de seguridad social para los repartidores, por lo que estos se encuentran en la práctica en la informalidad.

Gabriel Estrada mordió el concreto al caer de su bicicleta dos veces en un año. En junio de 2018, el repartidor de aplicaciones de pedidos voló sobre el pavimento cuando entregaba un pedido de Rappi, en Paseo de la Reforma. Un coche golpeó la bicicleta y lo disparó por los aires. Perdió tres dientes y sufrió varias raspaduras. Habló a la empresa para reportar lo sucedido.

En abril pasado sucedió otra vez. Un auto golpeó su bicicleta y mandó a Estrada al suelo cuando se dirigía a casa. Estuvo inconsciente 30 minutos, sufrió lesiones en la dentadura y la rodilla. Gastó 20,000 pesos en curaciones. Esa vez estaba desconectado a SinDelantal, otra app para la que también trabaja. Al otro día, envió a la empresa un correo para notificar lo sucedido. “Me respondieron que lo lamentaban y que cuándo regresaría a trabajar”, dice el repartidor de 25 años.

En México y en el mundo, el auge de estos trabajos de la llamada economía colaborativa ha traído problemas como la inseguridad de los repartidores, que no tienen garantía de acceso a atención médica en el seguro social, y la ausencia generalizada de ayudas como el seguro de gastos médicos mayores, fondos para el retiro o apoyos a la vivienda.

“Nosotros nos reunimos con algunas apps, con Rappi un par de veces y con Sin Delantal. Pero más allá, hemos participado con el Senado en las reuniones sobre el tema, y vemos que algunas de las apps sí pecan de soberbia y que no se considera a los repartidores como empleados. Creemos que las empresas deben humanizarse en el tema de seguridad de los repartidores, no ven a la familia que hay detrás de cada repartidor”, indica Gómez. #NiUnRepartidorMenos surgió en noviembre de 2018 después de la muerte de Manuel Matías, quien se desempeñaba como socio repartidor de Uber Eats y que se encontraba entregando un pedido en el momento del accidente.

Sin embargo, Gómez asegura que la propia familia del repartidor tuvo que revisar cámaras y horarios para demostrar que Manuel Matías estaba en el proceso de entrega de un pedido. El colectivo, que reconoce el valor de estas aplicaciones para muchas familias —"hay de todo desde estudiantes, madres solteras o gente que trabaja en algo fijo, y esta opción les sirve para complementar sus gastos"—, se queja también de que otro problema es que "la información sobre los seguros no es del todo clara".